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Las luchas campesinas


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1.1.6.-La modernización agraria en el periodo autoritario prebendario.


Desde mediados del pasado siglo XX se dan cambios significativos en la estructura agraria, con el impulso que da a la colonización, en un contexto de estancamiento económico y de tensiones sociales latentes originadas en la presión sobre tierras, sobre todo en la región central, de minifundios pulverizados. Las alternativas abiertas para las capas de minifundistas comprendían la emigración a la Argentina o la colonización, en un contexto marcado por un débil desarrollo industrial en los centros internos al Estado-Nación37.

Es esa dinámica estructural originaria la que se ve afectada por las acciones de un Estado, que, por una parte, respondiendo a las presiones de los grupos y capas moyoritariamente rurales, y por otra, ante la debilidad de los grupos y clases sociales, puede imprimir a sus intervenciones un alcance decisivo en diversas esferas. Frente a un sistema productivo con marcado predominio de actividades primarias, los grupos ligados al Estado responden a las presiones sociales, teniendo en cuenta los recursos a los cuales podían echar mano, sin entrar en conflicto con los grupos dominantes. En este sentido, las “intenciones estatales” tenderían a satisfacer la necesidad de la tierra de las capas minifundistas38, dada la disponibilidad de las tierras fiscales y la posibilidad de afectar a nuevos asentamientos agrícolas tierras particulares, con costos mínimos.

Las posibilidades de afectar a la colonización los grandes latifundios se basaban en la declinación de la explotación maderera y yerbatera en las grandes propiedades, que quedan disponibles para otras formas de explotación, debido a la inexistencia, tanto de una agricultura empresarial intensiva, como de una explotación ganadera tecnificada, que pudieran demandar esas tierras. Esta dinámica se observa más propiamente en las décadas del 50 y del 60, aún cuando sus raíces penetran en la primera mitad del siglo XX.

Las condiciones sociohistóricas excepcionalmente favorables a la intervención estatal en la estructura agraria, que se dan desde los años cincuenta, son las referidas tanto a las formas de inserción de la economía capitalista en el campo y a los recursos disponibles39, como a la lógica interna del funcionamiento del Estado, y a las formas de inserción del campesinado en el proceso político, en función de sus luchas por la tierra. En ese contexto se intensifica la expansión de la frontera agrícola como respuesta de los grupos ligados al Estado a la presión sobre la tierra, aprovechando coyunturas favorables. No se trataba de una respuesta programada diseñada con criterios técnico-racionales que se apoyaran en factores económicos y ecológicos ligados a la colonización; en esa lógica tampoco se consideró la viabilidad estructural de la permanencia de los asentamientos.

La intensificación de la acción colonizadora, ya durante el gobierno de Stroessner (1954-1989), no respondió a un proyecto político con más ambiciones que la expansión tradicional de las bases de sustentación social y política que fue concebido y explicitado por los grupos dominantes; el proceso más bien respondió a acciones de segmentos con cierta sensibilidad campesinista ligados al aparato estatal, que buscaban con la lógica de apagar incendios la solución de problemas inmediatos de grupos campesinos, en intervenciones que por otra parte ampliarían su base de sustentación política, con extendidas clientelas. Con la ausencia de un plan de conjunto que respondiera a un modelo originario, se corresponden las acciones aisladas en estrategias definidas día a día, en la dinámica de colonización, que se proyectan en la escasa permanencia de la población asentada.

Mirando el proceso desde otro ángulo, tanto los grupos ligados al Estado como los propios campesinos asentados carecían de un proyecto político con algún alcance movilizador que comprendiese la colonización. De hecho las acciones de estos segmentos campesinos se basaban en luchas anteriores y en la solidaridad de grupos residenciales, pero no en una conciencia política que pudiera proyectarse en la articulación de intereses más allá del plano local o en demandas de cambio social.

Las circunstancias históricas ligadas al orden autoritario no permitían --vale decir las condiciones objetivas y las relaciones sociales que se basaban en ellas-- que las capas campesinas de colonos asentados constituyeran una fuerza social en prosecución del interés de clase de sus miembros. Aún cuando se observan diferencias entre pobladores insertos en colonias de tipos cualitativamente diferenciados, sólo en algunos casos el cambio de la situación de clase generó un espacio autónomo para el desarrollo de acciones de clase40. El modelo desmovilizador de colonización que se implementa, como las propias condiciones objetivas de la producción mercantil simple, conducen a la dispersión física y a la atomización social de los colonos; las mismas alianzas entre grupos campesinos asentados y segmentos de los grupos ligados al aparato estatal respondían en medida importante al modelo patrón-cliente.

La importancia de la intervención del Estado en el proceso de redistribución de tierras se proyecta en la magnitud de tierras asignadas por el Estado --en parcelas familiares y en fracciones de grandes extensiones-- que entre 1960 y 1980 llega 80.429 lotes y 4,2 millones de has.; esta superficie representa más del 80% del total asignado desde fines del siglo pasado41; extendiendo el tiempo, los datos indican que hasta 1989 la superficie de tierras asignadas llega a 7.007.000 has.42.

Según veremos más de la mitad de esta superficie fue asignada como prebendas en grandes fracciones a “empresarios” agropecuarios, conforme se documenta en el Anexo 1.1.1. Esos privilegios eran una parte del “precio de la paz”.

Ya entrada la década del 80 siguió esta práctica, pero agravada en la medida que se asignaba a los campesinos compatriotas parcelas con suelos marginales, mientras se reservaba a servidores incondicionales y a extranjeros las mejores tierras fiscales que quedaban. Un caso ilustrativo es de venta de 4.000 has. a 20.000 guaraníes cada hectárea a un alemán, Ehrenhardt, mientras en plena Cordillera de San Rafael --en suelos obviamente pedregosos y accidentados-- se habilitaban las colonias Tarumá, Vialidad y Administración (Alto Verá).

Estos casos muestran como los prejuicios hacia la población de compatriotas lleva a acciones discriminatorias irritantes...

Analizando la época posliberal, debe puntualizarse que la década del 50 del pasado siglo XX corresponde al relativo equilibrio entre los distintos sectores del partido de gobierno y la consiguiente crisis de hegemonía. En este subperíodo, el planteo de proposiciones interpretativas se orienta, por una parte, a la lógica subyacente a las acciones de los grupos ligados al Estado en sus respuestas a las capas campesinas que presionaban por la tierra, y por otra, a las condiciones objetivas dadas por la disponibilidad de tierras.

Mirando el proceso agrario desde esta perspectiva, notamos que a comienzos de la década del 50, en correspondencia con el equilibrio entre diferentes formas de producción, ninguno de los distintos segmentos ligados al aparato estatal podía tornarse hegemónico --en un contexto de relativo equilibrio en la relación de fuerzas políticas dentro del partido de gobierno, dada la débil sustentación de los grupos dominantes--. En ese contexto, la respuesta a la cuestión de la tierra podía satisfacer la necesidad de legitimación de los grupos ligados al Estado, y ampliar las bases de sustentación de algunos de sus segmentos, a partir de las capas campesinas que presionaban por la tierra. En este sentido, debe tenerse presente que a principios de los años 50, más del 40% del total de explotaciones agrícolas, situadas en su mayor parte en la región central del país, era menor de 5 has43.

Considerando la capacidad del Estado para movilizar recursos, debe tenerse en cuenta, por una parte, la limitación de recursos financieros y la ausencia de decisión de aplicarlos a la expansión de la frontera agrícola, y por otra, que las posibilidades de redistribución de los derechos sobre las tierras estaban dadas por la disponibilidad de tierras públicas, y por la factibilidad estructural de afectar los grandes latifundios al proceso de colonización44.

La referida disponibilidad de las tierras del dominio privado ya explotadas forestalmente con estándares de aquel momento significa, en buenas cuentas, que el Estado pudo adquirirlas a muy bajo costo, incluso a menos de US$ 4 la hectárea, o sin costos45. Esta facilidad excepcional, sin embargo, fue poco aprovechada en el subperíodo que consideramos, ya que fueron las tierras fiscales las afectadas en mayor medida a la colonización.

El origen de las tierras, que señalamos precedentemente, determinaba la localización de las colonias, alejadas muchas veces de los mercados y servicios sociales básicos. De ese modo, el aislamiento de la mayoría de los asentamientos en un período de constitución pasa a constituir uno de los rasgos básicos de la colonización en esta etapa, a diferencia de la anterior46.

En el análisis del alcance de la colonización en cuanto al tipo de pautas de conducta y de relaciones sociales predominantes --de tipo horizontal o vertical--, resulta pertinente diferenciar por una parte la colonización “programada” o dirigida, en la que intervienen directamente las organizaciones vinculadas al Estado, desde el comienzo de los asentamientos, y la colonización espontánea, que resulta de ocupaciones de fracciones abandonadas.

En la colonización programada o inducida, el control directo sobre la organización de la colonia se establece por parte del Estado, que asume el papel de agente colonizador contando con importante intervención del partido del gobierno. En esos casos se reproducen en los nuevos asentamientos las pautas de conducta individualistas ligadas a relaciones sociales del tipo patrón-cliente, ocupando la posición de dominador los agentes ligados al aparato estatal, inevitablemente ligado al partido de gobierno47.

El control directo sobre la organización de la colonia se ejerce incluso sobre organizaciones de colonos estructuradas “de arriba para abajo”. Este creciente control guarda correspondencia con la debilidad de la estructura de clases, y la expansión del aparato coercitivo del Estado.

En la colonización espontánea, más dinámica que la inducida, son los propios agricultores sin tierra los que encaran acciones reivindicativas, planificando la ocupación primero y el asentamiento después. Estos casos de intervención estatal se producen luego de constituido el asentamiento a objeto de legalizarlo. Este tipo de asentamiento que hacia 1962 ya llega a Alto Paraná responde a dos pautas básicas: por una parte, la ocupación de tierras incultas cercanas a áreas pobladas, y la ocupación de tierras en zonas más apartadas.

En contraste con los asentamientos programados, los espontáneos generan relaciones horizontales de solidaridad, basados tanto en el interés material ligado al acceso a la parcela familiar con el interés ideal, basado en la convicción compartida de que una forma de reparar la injusticia que sufren --que implica la coexistencia del latifundio con el minifundio-- es apropiándose de tierras abandonadas. Lamentablemente, con mucha frecuencia, una vez legalizados los asentamientos los colonos vuelven a conductas individualistas48.

Frecuentemente esta colonización espontánea resulta de la acción de grupos campesinos movilizados, que se informan sobre la localización posible de tierras fiscales o de dueños dudosos, y obtienen apoyos de grupos ligados al aparato estatal; estas formas de acción colectiva son protagonizadas por segmentos del campesinado sufrido, que ante el deterioro de su situación habrían alimentado flujos de migraciones golondrina, y formas arcaicas de protesta social --en momentos en que el poder central ejercía un bajo control efectivo en las regiones alejadas de la capital--.

En estas circunstancias, las viejas luchas campesinas adquieren nuevas modalidades. Ya desde las primeras décadas del siglo XX, los pequeños productores de la región se orientan a formas arcaicas de protesta campesinas --bandolerismo social y movilizaciones convocadas por líderes no campesinos49--, como también en acciones colectivas, frecuentemente conflictivas, orientadas a la ocupación de tierras50.

En este proceso se dieron diversas circunstancias. Así, en las colonias habilitadas en el área boscosa de la región de Caazapá se asentaron minifundistas ex obrajeros de la misma región, que produjeron, con variantes, el mismo sistema productivo de las áreas de origen con sus relaciones sociales concomitantes.

Otras circunstancias se dieron en la colonización agrícola en los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná, que cobra intensidad a comienzos de la década del 60, y en ella la intervención estatal es decisiva. Los asentamientos se establecen en zonas de antigua explotación forestal con muy baja densidad demográfica; en medida importante, con la colonización del “Eje Este” se integra al Estado-Nación la región fronteriza del Paraná, como resultado de la política colonizadora51.

La mayor parte de los colonos asentados en el “Eje Este” provinieron de las áreas de minifundios pulverizados de la región central del país; la composición social de este flujo migratorio, básicamente de minifundistas semiasalariados, se refleja en la ausencia de todo instrumental productivo de los colonos al momento de habilitación de las colonias.

En Itapúa, en contraste con otros departamentos, la colonización se intensificó a principios de la década del 50, en momentos de relativo equilibrio en la relación de las fuerzas de los segmentos dominantes que pugnaban por imponer su hegemonía --limitando esta situación el grado de control ejercido por los agentes ligados al aparato estatal--.

En esta región, a diferencia de las mencionadas precedentemente, es marcada la desigualdad entre áreas de origen y destino de los colonos en lo relativo a la organización social de los sistemas productivos, ya que minifundistas de áreas con producción agrícola y/o ganadera tradicional se insertan en un complejo productivo regional en el que predominan empresas agrícolas familiares del tipo “farmer”, ligadas a la inmigración europea. Este hecho se proyecta en la organización productiva de las explotaciones, en el proceso más intenso de modernización de los colonos, y en el cambio de la posición social en una proporción importante de éstos.

En cuanto al impacto en ese período de tiempo de la colonización en el sistema productivo, debe tenerse en cuenta que persistía el estancamiento de la economía y que concomitantemente no se observó un proceso de acumulación de capital; la colonización no tuvo impacto significativo en el crecimiento de la producción agrícola, aunque logró algún cambio en el uso de la tierra y amplió la frontera agrícola, y en alguna medida permitió el incremento de la superficie cultivada de algodón52. Así, la colonización canalizó la fuerza de trabajo excedente de las zonas minifundistas --cumplimiendo en esa medida un papel desmovilizador--.

El acceso a la tierra no acompañado de asistencia para el desarrollo de los asentamientos no permitió a los pequeños productores la expansión de sus unidades económicas; la composición social de los colonos --minifundistas semiasalariados y familiares de campesinos medios empobrecidos y en menor medida desarraigados--, la falta de recursos por parte de la entidades estatales para aplicarlos al proceso de colonización, la propia concepción ideológica de la dinámica colonizadora desligada de una planificación racional, y la captación excesiva de excedentes del sector comercial ligado al campo, determinaron la reproducción en las colonias de la economía de subsistencia en la que ya estaban insertos los colonos en las áreas de viejo poblamiento53.

En cuanto a la permanencia de la población asentada en las colonias, en este subperiodo, debe tenerse presente que si bien es cierto que una parte relativamente importante de colonos se incorporaba a las migraciones golondrinas a las provincias limítrofes de las Argentina, estas migraciones temporales determinaron la disminución de la producción de los colonos, pero en lo fundamental no afectaron la permanencia de las unidades familiares, que mantenían su rol de unidades de producción de cultivos destinados al autoconsumo de las unidades familiares.

En lo referido al impacto de la colonización en la recomposición de la estructura social rural, debe tenerse presente que los desarraigados de la zona central accedieron a parcelas familiares y en esa medida alteraron su situación de clase; aún cuando una vez asentados alternaron al cultivo de sus parcelas con el trabajo asalariado, los minifundistas que se asientan en las nuevas colonias reproducen como se dijo la explotación minifundiaria.

Aun cuando en general los colonos campesinos medio insertos en la producción mercantil simple y basados en la explotación del trabajo familiar no estén plenamente constituidos como clase54, se observan diferencias en orden a la acción colectiva entre, por una parte los colonos asentados espontáneamente, que constituyen colectividades relativamente autónomas de autoridades y caudillos de centros urbanos y con capacidad de acciones colectivas basadas en la solidaridad que sin embargo no transcienden el plano local, y por otra los colonos desmovilizados, asentados en colonias controladas55 por agentes ligados al aparato estatal o partidario e integrados en esa medida en relaciones del tipo patrón-cliente.

En este contexto, en las colonias planificadas las posibilidades de la acción colectiva están condicionadas por la estructura de relaciones socioeconómicas y factores de naturaleza política. La atomización social de los colonos, ligada a la dispersión física en asentamientos parcelarios, las relaciones jerárquicas y las características de la producción mercantil simple, determina una conciencia social dependiente y pautas de conducta individualistas.

Hacia 1963 va tomando forma más definida el Estado prebendario autoritario y cobra impulso la colonización. Uno de los grupos ligados al aparato estatal se consolida, y al constituirse una “nueva clase”, directamente a los jefes políticos y militares, se inicia la reestructuración del sistema de clases. Por otra parte, el desarrollo en términos de expansión de la producción agropecuaria pasa a ser uno de los objetivos de las políticas públicas. La modernización conservadora de la mano de un modelo agroexportador estaba ya bien perfilada.

En 1963 se sancionan las leyes 852 que Crea el Instituto de Bienestar Rural y la 854 Que establece el Estatuto Agrario, que reemplaza a la anterior de 1940. Esta última ley, al excluir la prohibición de ventas de tierras a extranjeros en zonas fronterizas, que establecía el estatuto agrario de 1940, dejó despejado el camino para la venta de las tierras más fértiles del país, en Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa, a brasileños y corporaciones transnacionales, algunas veces en forma directa y otras veces a través de intermediarios paraguayos ligados al aparato estatal (Anexo 1.1.1). Así mismo, desde 1968 se eliminaron otros obstáculos para la venta de fracciones medianas y grandes a brasileños que demandaban tierras en las propias colonias nacionales.

El Estatuto Agrario sancionado en 1963 establece, asimismo, que el Poder Ejecutivo podrá autorizar, en casos especiales, la venta de tierras a personas no incluidas entre las beneficiarias, y aun en superficies mayores que la máxima establecida para los lotes coloniales. En cuanto a la extensión máxima de la cual puede ser propietaria una persona, la referida Ley 854 declara latifundio la propiedad de 10.000 has. o más en la Región Oriental y de 20.000 has. o más en la Región Occidental, “que esté racionalmente explotada”, y establece que la propiedad privada inmobiliaria rural cumple con su función social-económica cuando se ajusta a dos condiciones: a) explotación eficiente de la tierra y su aprovechamiento racional; b) observancia de las disposiciones sobre conservación y reposición de los recursos naturales renovables56.

Estas innovaciones introducidas por la ley que establece el Estatuto Agrario de 1963, como veremos, se proyectaron en la dilapidación de las tierras fiscales y en el nuevo monopolio de las tierras de frontera por parte de ciudadanos extranjeros, en un proceso que reproduce las características de la enajenación de tierras públicas a fines del siglo pasado. En algunos casos, se trataba simplemente de la transferencia de tierras de extranjeros a otros extranjeros, y en otros, como en el de las tierras que fueron adquiridas por la CAFE, de tierras que fueron recuperadas por el Estado.

La intensificación de la colonización a partir de 1963 es tal, que en dos décadas se habilitan más de la mitad de las parcelas familiares constituidas desde 1881. A los determinantes del proceso que ya fueron señalados, se agregan, en la primera mitad de la década del 60, los relativos a la expansión creciente del aparato estatal impulsada por segmentos que van consolidando su hegemonía.

La lógica implícita en las acciones de estos grupos se orienta a la ampliación de sus bases de sustentación y a su propia legitimación, fortaleciendo tanto la extendida red de clientelas como la praxis prebendaria, con la legitimación ideológica articulada en la doctrina de la seguridad interna, plenamente consolidada en la década de los 70 en el marco del Operativo Cóndor.

En el nuevo contexto, a la limitación de recursos financieros aplicables a la colonización, se suma la orientación de la políticas estatales poco compatibles con la expropiación, determinando la localización de las tierras fiscales la ubicación de la mayoría de las colonias57.

Otro elemento del proceso de causación circular que reproduce en las colonias la agricultura de subsistencia, es el relativo a los limitados recursos que se asignan a la colonización. Esta política de “asentar la mayor cantidad posible de colonos al menor costo posible” tiene como uno de sus efectos inmediatos la limitación, en cantidad y calidad, de la asistencia proporcionada a los colonos para el asentamiento inicial y para el desarrollo de las unidades productivas que quedan libradas a su suerte en la mayoría de los asentamientos.

La modernización rural no se originó en las colonias sino en la emergente empresa agrícola. En ese sentido, desde el punto de vista político, la consolidación del régimen prebendario autoritario permitió un formidable impulso, desde el Estado, al proceso de modernización de la producción primaria, orientado a la constitución y consolidación de la gran empresa de tipo capitalista. Este proceso implicó la transferencia masiva de capital al campo; al capital comercial se sumó el financiero y el agroindustrial corporizado en la gran empresa transnacional, que opera con tecnología de punta y los mismos grupos ligados al Estado constituyen un empresariado rural criollo. El desarrollo capitalista de la agricultura al valorizar la tierra intensificó la asignación prebendaria de las tierras fiscales en grandes fracciones, revendidas luego a extranjeros, básicamente a brasileños; con esa valorización de la tierra aumentaron constantemente las diferencias entre campesinos y latifundistas, y ganaron en intensidad los conflictos ligados a la tierra.

En ese proceso de constitución del empresariado agrícola a partir de créditos subsidiados, subsidios a través de dólares con tipos de cambio más bajos que los del mercado, y la asignación de grandes parcelas se alteran los roles tradicionales, ya que el Estado pasa a ser el patrón y empresario-latifundista el cliente; las capas campesinas quedaron libradas a su suerte cuando el latifundista cambió su rol y fue alejándose de su dominación paternalista. Para los campesinos el papel de patrón quedó a cargo de los dirigentes políticos locales.

En lo relativo a la magnitud de las tierras dilapidadas, un informe muy peculiar, de Monitor S.A., proporciona buenas pistas: En efecto, los analistas de esta consultora, confundiendo propaganda política con análisis objetivo, afirman en un documento, contra toda evidencia, que entre 1963 y 1985 fueron asignadas en lotes coloniales --se presume que a beneficiarios del Estatuto Agrario-- 7.371.900 has. en 89.871 lotes58. Con adecuadas correcciones a las cifras oficiales puede afirmarse que lo efectivamente asignado a lotes coloniales en ese período no llegó a 2 millones de has.

Como resultado del proceso se repite la extranjerización de la tierra en el Paraguay, especialmente en las zonas de frontera, en la Región Oriental; esta extranjerización es particularmente marcada en Amambay, Alto Parana y Canindeyú, que constituyen precisamente los departamentos con población campesina más pauperizada. Esta prolongación de segmentos modernizados de la agricultura brasileña se da en términos tales --capital inicial ya formado, redes de comercialización ya establecidas, subsidios estatales vía dólares a precios diferenciales a cooperativas, etc.-- que en poco tiempo determinan la descomposición de las colonias de campesinos paraguayos que se desgranan, impulsados ya sea por la vía del mercado --venta de “derechera” a brasileños-- o por mecanismos compulsivos, como en el caso de Amambay. En este caso las colonias, presentadas en el Anexo 1.1.2, desaparecen rápidamente y cementerios, templos y escuelas quedan como parte de “facendas” en expansión59.

La dimensión cultural del proceso de modernización se inicia en la década del 50 en la asistencia técnica brindada por el STICA dependiente de la Agencia Internacional para el Desarrollo del Gobierno norteamericano, que propone al agricultor paraguayo la adopción de nuevas ideas, comportamientos y prácticas productivas. Esta cruzada modernizadora se proyecta en el debilitamiento de la identidad cultural de algunas capas campesinas. Esta modernización de la agricultura llevó a los campesinos a un vuelco a los cultivos comerciales; ese cambio, en condiciones de débil capacidad negociadora, significó con frecuencia una mayor dependencia del mercado de los campesinos y su empobrecimiento60.

En la constitución formal de los asentamientos, sin embargo, al igual que en el subperíodo anterior, se aprecian marcadas diferencias entre aquellas colonias constituidas en forma espontánea y aquellas que van precedidas de cierta planificación. La colonización espontánea es protagonizada por capas de minifundistas en situación de marcado deterioro económico-social, ligadas por relaciones de parentesco y de vecindario, que articulan sus intereses vinculados a la tierra organizándose desde el momento en que se movilizan, frecuentemente con apoyo se segmentos ligados al aparato estatal, para detectar tierras fiscales --o de particulares en su caso-- colonizables61.

Hacia finales de la década del 70, mientras se va agotando la expansión de la frontera agrícola y la disponibilidad de tierras fiscales, la ocupación espontánea de tierras va tornándose más conflictiva y diversificada en sus formas. Atendiendo a las tierras ocupadas, tenemos por una parte grandes fracciones desocupadas de latifundistas paraguayos o extranjeros, que son ocupadas mediante acciones coordinadas rápidas de segmentos de campesinos pauperizados, que se amparan en disposiciones que declaran afectables a la colonización grandes propiedades improductivas62. Por otra parte, se observan tierras fiscales ocupadas espontáneamente, sin conflictos, que posteriormente son transferidas por el IBR a empresarios nacionales o extranjeros que desconocen los derechos de ocupación.

Atendiendo a los grupos implicados en la ocupación espontánea, debe apuntarse que los mismos tienden a ganar en complejidad, básicamente en Alto Paraná y Canindeyú, con la incorporación de brasileños sin tierras en estas ocupaciones, ya sea por adquisición de derechos de ocupación o por ocupación directa.

Esto último ha dado lugar a la constitución de colonias más heterogéneas, por cuanto algunas son ocupadas por paraguayos, otras por brasileños y otras son mixtas. Si bien es cierto que ante intentos de desalojo, no obstante la heterogeneidad de algunas de estas colonias, se han dado acciones defensivas, esta heterogeneidad impide avances más sistemáticos en la prosecución del interés común.

Hacia mediados de los años setenta, los avances en el proceso de modernización de la estructura agraria ya comentada --básicamente la constitución y consolidación de la mediana y gran empresa de tipo capitalista--, valorizaron la tierra y agudizaron los conflictos ligados a ella. Los campesinos afectados en primer término por el proceso de diferenciación social son los de Misiones e Itapúa. En Misiones se implementan a partir de 1967 los planes nacionales del trigo y de Fomento Ganadero que buscan transformar al latifundio ganadero tradicional en empresas agrícolas y/o ganaderas63.

Asimismo, las colonias constituidas en la década del 50 en el departamento de Itapúa estuvieron entre las afectadas en primer término por el proceso de diferenciación. Básicamente fueron afectadas inicialmente por la expansión de las explotaciones tipo “farmer” de inmigrantes japoneses, que comenzaron a ensanchar sus explotaciones a costa de los colonos paraguayos, que vendían sus derechos de ocupación y buscaban nuevas tierras marginales.

En el nuevo contexto, el agrarismo del Gobierno tomó nuevos rumbos: se intensifica la redistribución prebendaria de grandes fracciones --generalmente para su reventa-- y el Instituto de Bienestar Rural asume crecientemente la defensa de los latifundistas, afirmando que “entiende que la ocupación clandestina se ha convertido en un método deliberado de subversión y de intranquilidad, y que no debemos caer en la ingenuidad de considerarla solamente un problema social atingente al Instituto y a sus funciones, ya que debe considerársela en su conjunto, en sus ramificaciones políticas e incidencia sobre los intereses de la nación”64. Esa concepción de los intereses nacionales se proyectó desde principios de la década del 70 en la sangrienta represión de las Ligas Agrarias. La inevitable agitación agraria fue así encarada, sin atacar sus causas y en la dinámica movilización-desmovilización campesina, pesó necesariamente el terror de la represión, despejándose el camino para la profundización de la modernización del campo, que fue de tal intensidad que entre los años 1970-80 la agricultura creció a una tasa anual acumulativa del 6,7% (Cuadro Nº 1.1.1) una de las más altas del continente. La expansión se debe sobre todo a la contribución de la soja que duplica su producción entre 1982 y 1988, y a la del algodón que creció notablemente en ese período, a costa de los cultivos de autoconsumo.

En este proceso la Iglesia jugó un papel importante; el acercamiento de los pastores a las comunidades cristianas de base les permitió ver el crecimiento de las injusticias y la necesidad de discutir con los campesinos sus derechos y las salidas posibles a su situación. Luego de las movilizaciones campesinas iniciales, los latifundistas comenzaron a verlos como potenciales enemigos y ya no como sometidos a su dominación patriarcal.

Las presiones por la reforma agraria que comenzaron en 1904 se expresan de nuevo en los años sesenta del pasado siglo en movimientos que buscaban remediar la injusticia social y la creciente pobreza en el campo; crecieron las viejas demandas de reforma agraria pero las elites latifundistas se opusieron a cualquier cambio que amenazare las bases de su poder, acusando a sus propulsores de comunistas primero y populistas después de la Guerra Fría. Lo notable es que incluso segmentos del famélico empresariado industrial se acoplan a esa postura sin entender que la mentada reforma agraria es una precondición para la agroindustrialización del país.



Cuadro 1.1.1.- Producción Agrícola e Industrial y Exportaciones. 1982 / 97.

(*) sin datos

Fuente: Fogel y Hay, 1999.

Entre 1958 y 1987 fueron asignadas en grandes lotes poco más de 5,3 millones de has. --como si toda esta superficie fuese apta sólo para ganadería-- como prebendas para gratificar lealtades políticas, constituyéndose así un empresariado rural dependiente del Estado y marcadamente conservador, con dos fracciones claramente diferenciadas, la ligada al cultivo empresarial de la soja con tecnologías sucias y no sustentables y la fracción de latifundistas ligados a la ganadería65.

La expansión del cultivo del algodón implicó una mayor inserción de las explotaciones campesinas en la economía dineraria pero no en el volumen económico de las mismas; este estancamiento se proyecta en el desarrollo de las colonias y en las escasas posibilidades de capitalización de las unidades agropecuarias, con las excepciones tanto de segmentos de colonos ligados frecuentemente al pequeño comercio y a los grupos políticamente dominantes, como a los colonos de origen europeo que operan en explotaciones de tipo “farmer”.

Las dificultades de los colonos criollos para consolidar sus unidades productivas no son novedosas ya que se arrastraban desde décadas atrás. Lo nuevo era la presión de los productores brasileños, con mejores recursos económicos, sobre las parcelas familiares de los colonos paraguayos, que crecientemente transfieren a aquellos sus derechos de ocupación, al verse en situaciones de apremio. Este proceso intenso de desarraigo es más frecuente en los departamentos fronterizos de Alto Paraná, Canindeyú, Itapúa y Amambay.

En el nuevo contexto las colonias reproducen los rasgos de la agricultura de subsistencia que define al grupo de campesinos medio empobrecidos, que en un proceso curioso de descampesinación-campesinización tienden a incorporarse a nuevas corrientes migratorias orientadas hacia asentamientos recientemente constituidos66.

El deterioro de las colonias que venimos discutiendo está asociado a la alta frecuencia de ocupantes precarios; esta situación es el caldo de cultivo de la cooptación política por parte de los grupos políticamente dominantes, --que se inicia en algunos casos con la ocupación inicial de la parcela y continúa durante la legalización del asentamiento--, asociada a comportamientos que tienden a la pasividad social de estas capas campesinas.

Esto determina un comportamiento heterogéneo de los colonos, con pautas de comportamiento regidas por grupos externos --comerciantes, empresarios, líderes políticos ligados al Estado-- que con frecuencia explotan a los campesinos y controlan el desenvolvimiento de las colonias.

En el análisis de la incidencia de la colonización en la estructura productiva rural y en la configuración de clases rurales en el subperíodo que consideramos, deben tenerse en cuenta no solo las políticas públicas referidas a la colonización, ya que fueron igualmente importantes las acciones estatales orientadas al desarrollo67 agropecuario en su conjunto y el proceso más general de fortalecimiento de formas capitalistas de producción en la agricultura.

Deben diferenciarse también los procesos socioeconómicos que respondieron más a la dinámica estructural que a la intención de los agentes ligados al aparato estatal y que comprenden básicamente: el crecimiento de la producción agrícola y agroindustrial, a través del predominio del capital transnacional, ligado en medida importante a la creciente integración a la economía brasileña, el transplante fulminante de formas de producción brasileña, y la expansión del capital comercial, financiero y agroindustrial.

Esta dinámica centrada en la gran empresa capitalista desarticula las explotaciones insertas en la producción mercantil simple al demandar tierras --elevando sustancialmente su precio-- y temporalmente fuerza de trabajo, y por la vía de la disminución de los costos medios de producción ligada a la alta productividad, a las economías de escala y al acceso de mercados propios.

La presión sobre las tierras --y sobre las fuerzas de trabajo-- de los colonos por parte de las explotaciones tipo “farmer” y de empresas se intensifica en la década del 70 con el boom de la soja, y se extiende a otras regiones del país.

1.1.7.-La crisis del régimen prebendario autoritario.


Entre 1983-1989 se desarrolla el subperíodo marcado por la crisis inicial del modelo bimodal agroexportador impulsado por el Estado prebendario autoritario, que había apostado a la consolidación de formas modernas de producción capitalista en el campo. El carácter bimodal del estimo de desarrollo implica la expansión del sector empresarial ligado a la soja que casi triplica su superficie cultivada entre 1982 y 1989, y la retracción de la economía campesina; a la caída de precios de productos primarios en el mercado internacional se suma el cierre de la expansión de la frontera agrícola vía colonización programada. El valor total de las exportaciones comienza a caer (Cuadro Nº 1.1.2).

Cuadro 1.1.2.- Producción Agrícola e Industrial y Exportaciones. 1982 / 97.

Fuente: Fogel y Hay, 1999.

Ante el cierre de la colonización inducida queda como única alternativa abierta a los campesinos sin tierra la ocupación de tierras incultas, en un contexto de mayor conflictividad. La invasión de tierras libres o latifundios improductivos se intensifica entre 1983 y 1986; unas 15 mil familias se movilizan puntualmente en medio centenar de invasiones aisladas entre sí en base a organizaciones basadas en una fuerte cohesión interna que se debilita una vez logrado el acceso a la parcela familiar. A esas experiencias locales se sumaron movimientos incipientes con una clara orientación sociopolítica orientada a la transformación de la sociedad.

En los tramos finales del orden autoritario las demandas campesinas pasan a tener un carácter múltiple y se plantean ya en el escenario nacional.

El sistema autoritario y prebendario desarrolló todo su potencial y llegó tan lejos como podía el ejercicio de formas discrecionales y anticuadas de ejercicio del poder; los barones y marqueses de Itaipú que habían crecido bajo la protección del sistema necesitaban removerlo para continuar su expansión.

1.1.8.-La transición a la democracia y la profundización de la crisis campesina.


En la interminable transición a la democracia quedó claro que importantes segmentos de grandes propietarios y el empresariado agrícola aceptaron la modernización productiva de sus establecimientos, pero no el cambio de su status social y político tradicional. De hecho, en términos políticos ganaron aún más espacio teniendo en cuenta su presencia directa en el aparato estatal. De cuatro presidentes (de la República) de la era democrática tres de ellos detentan enormes fracciones superiores a las 10 mil has.; también ministros de agricultura provinieron del sector ganadero.

La capacidad de lobby del sector y su mayor capacidad de bloqueo de cualquier intento de reforma agraria se expresó primero en la Convención Nacional Constituyente y luego con la sanción del nuevo Código Penal, los criterios invocados increíblemente siguen siendo los que corresponden a los principios del Derecho Romano a la propiedad consagrados hace más de 2.750 años atrás.



Con el advenimiento de la democracia se amplió la clientela del Estado con la incorporación de sectores de fungían de opositores; el gasto público creció --básicamente en sueldos-- de tal modo que La administración pública del 4,2 % del PIB en 1985 pasó al 5,4 % en 1998 y disminuyeron, concomitantemente, los recursos asignados a la colonización; mientras en 1995 las transferencias del Tesoro llegan a 35 mil millones de guaraníes corrientes, tres años después esas transferencias solo llegaron a 12 mil millones de guaraníes corrientes (Cuadro Nº 1.1.3 y Figura 1.1.1). En circunstancias paradójicas, mientras crece la pobreza rural disminuyen los recursos aplicados a uno de los instrumentos básicos para encararla.

Cuadro 1.1.3.- Relación Ingresos - Gastos del IBR. 1994 al 1999 (Gs. Corrientes).

Origen de Recursos

Presupuestado

Ingreso

Gastos

Transferencias Efectivas

%

Ejecución Gastos

%

1994 (Ley Nº297)
















Recursos Propios

11.450.768.363

7.865.010.294

69

7.493.124.715

95

Transf. Del Tesoro

18.549.000.000

13.798.916.959

74

10.738.218.589

78

Total

29.999.768.363

21.663.927.253

72

18.231.343.304

84

1995 (Ley Nº525)
















Recursos Propios

13.181.763.121

12.952.125.322

98

11.721.553.782

90

Transf. Del Tesoro

40.439.540.000

35.254.399.022

87

31.985.113.716

91

Total

53.621.303.121

48.206.524.344

90

43.706.667.498

91



















1996 (Ley Nº 828)
















Recursos Propios

10.420.935.000

8.909.294.921

85

8.270.098.659

93

Transf. Del Tesoro

44.238.634.566

24.452.768.906

55

23.683.077.182

97

Total

54.659.569.566

33.362.063.827

61

31.953.175.841

96



















1997 (Ley Nº1019)
















Recursos Propios

9.173.184.686

7.876.297.537

86

7.606.620.525

97

Transf. Del Tesoro

53.189.086.914

18.485.745.978

35

17.867.577.472

97

Total

62.362.271.600

26.362.043.515

42

25.474.197.997

97



















1998 (Ley Nº1227)
















Recursos Propios

9.231.607.208

6.374.315.189

69

6.011.078.573

94

Transf. Del Tesoro

57.803.581.914

12.190.156.282

21

10.246.796.484

84

Total

67.035.189.122

18.564.471.471

28

16.257.875.057

88



















1999 *(al 28 set.)
















Recursos Propios

14.823.704.034

4.825.892.451

33

4.573.403.421

95

Transf. Del Tesoro

31.201.073.921

1.943.193.559

6

1.667.364.109

86

Total

46.024.777.955

6.769.086.010

15

6.240.767.530

92

(*) Presupuestado Año 1999

Fuente: Gerencia Financiera del IBR.

En ese subperíodo, mientras la pobreza en el campo se intensificó, el sector sojero que opera en economías de escala continuaba su expansión; la crisis del algodón --que empeoró aún más las cosas-- se expresa en la reducción a 1997 a más de la mitad de la superficie sembrada seis años antes68.



Figura 1.1.1.-

Al derrumbe del orden autoritario siguió la inestabilidad del siste-ma político que cambia las oportunidades polí-ticas para los campe-sinos; la transición a la democracia no trajo ventajas para el sector campesino, cuyos inte-reses no están represen-tados en esfera del Estado, al contrario de sectores latifundistas que retienen el poder social y político, ya enriquecido con conspi-cuos integrantes del baronazgo de Itaipú, y alientan nuevas modalidades represivas y el uso directo de la violencia69. Por el lado del campesinado, el empeoramiento de sus condiciones de vida, en un contexto marcado por el avance en las tecnologías de comunicación con imágenes que muestran las movilizaciones que se desarrollan en distintos puntos del país, lleva a nuevas formas de acción colectiva. El sentido de privación relativa de los campesinos, referido a pocos que concentran recursos en magnitudes colosales por medios ilícitos, lleva a cambios en las expectativas.

Con la valorización de la tierra y el creciente poder de los grandes propietarios, el conflicto se intensificó y significó 71 asesinatos de campesinos en diversos conflictos desarrollados entre 1989 y el 2000, además de desalojos violentos, quemas de cosechas y destrucción de ranchos70. De hecho gran parte de los 52.115 lotes asignados entre 1989 y 1999 resultaron de ocupaciones duramente reprimidas71.

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